Los vehículos que circulan sin seguro obligatorio en nuestro país provocaron el pasado año daños por valor de 113 millones de euros. Este montante ha salido de las arcas del Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad dependiente del Ministerio de Economía, que, por una parte, se “alimenta” de los impuestos que pagan todos los españoles, y, por otra, de un recargo que aplican todas las empresas aseguradoras a las pólizas de sus clientes “legales”.

Según el informe anual que publica dicha institución, durante el pasado año el Consorcio pagó 384 millones de euros en total. En esta cantidad se incluyen las partidas dirigidas a las víctimas del terrorismo –entre ellas las del 11M- y las dirigidas a siniestralidad agraria–inclemencias meteorológicas que estropean las cosechas, por ejemplo-.

Pues bien, casi un tercio de la cantidad total se ha destinado a pagar los accidentes en los que se han visto involucrados aquellos vehículos que carecen de seguro obligatorio.

El importe total de esta partida se ha recortado, no obstante, un siete por ciento respecto a los datos recogidos en el anterior ejercicio.