En enero de 2002, la DGT anunció que la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico endurecería y castigaría con mayor ímpetu el exceso de velocidad en las carreteras, una práctica muy extendida en nuestro país, causante de casi un 30 por ciento de las muertes de tráfico. Un año y medio después, los primeros resultados indican que, durante todo el ejercicio pasado, la Guardia Civil impuso en el conjunto del territorio un total de 356.825 multas por exceso de velocidad, con una cuantía de más de 50 millones de euros (más de 8.300 millones de pesetas).

DESTACAMOS  Castilla y León, con 76.333 multas y Galicia, con 41.510, fueron las Comunidades Autónomas españolas donde más sanciones por exceso de velocidad se impusieron.

Según datos aportados por el Gobierno, Castilla y León, con 76.333 multas y Galicia, con 41.510, fueron las Comunidades Autónomas españolas donde más sanciones de este tipo se impusieron. Los infractores pagaron en estas regiones más de un tercio del total recaudado en el conjunto del país.

Estas cifras no han sentado nada bien en Galicia, donde un diputado del BNG, Guillermo Vázquez, no ha tardado en asegurar que su comunidad paga “muchísimo más” de lo que le correspondería pagar en términos demográficos. “Somos apenas el seis por ciento de la población del Estado y en el 2002 pagamos el catorce por ciento de lo que se recaudó en el conjunto del territorio estatal”, ha denunciado Vázquez.

Andalucía y Castilla La Mancha también se sitúan a la cabeza en cuanto a número de sanciones por exceso de velocidad. Los conductores multados en cada una de estas comunidades han pagado algo más de cinco millones de euros.

Cantabria y las Islas Baleares fueron, por su parte, las comunidades españolas donde Tráfico impuso menos sanciones de velocidad, ya que apenas superaron las 5.000 multas en 2002. Además, la cuantía de estas infracciones fue muy reducida, al no alcanzar siquiera los 70.000 euros en Baleares.

	Indemnización por falta de protección Por otra parte, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la diputación de Alicante a indemnizar con 57.410 euros a la esposa y a los dos hijos de un conductor que falleció al precipitarse con su coche por la carretera CV-796, entre el Preventerio de Mariola y la localidad de Alcoy. El tribunal asegura que este tramo de la vía carece de valla de protección, lo que motivó la trágica muerte del conductor. “El siniestro no habría tenido estas fatales consecuencias si hubieran existido medidas de protección contra posibles caídas en la carretera”, señala la sentencia.